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BOLETÍN DE NOTICIAS 15 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
CONDUCTORES QUE NO SEPAN LEER NI ESCRIBIR NO PUEDEN TENER LICENCIA
La Corte Constitucional declaró exequible esta norma del Código de Tránsito.
Es una restricción justificada para garantizar la seguridad de peatones, pasajeros y conductores que cruzan las calles.
La conducción de un vehículo es considerada una actividad de riesgo, y hay que conocer los manuales de Tránsito, distinguir las señales escritas y las instrucciones de las autoridades y las de prevención que tienen los mismos automotores.
"Para la Corte, es indudable que este conocimiento es fundamental para disminuir el riesgo que conlleva la conducción de un vehículo automotor, en tanto el conductor además de estar debidamente informado y capacitado, estará en condiciones de afrontar con cierta solvencia los imprevistos que durante el desarrollo de la actividad se presenten", consideró el tribunal.
Los magistrados también aclararon que, en este caso, se exige un requisito que, en principio, todos los conductores están en posibilidad de cumplir, dado que brindar educación gratuita es una obligación del Estado para toda persona entre uno y 15 años.
Aunque la prohibición restringe otros derechos como el del trabajo o la libre circulación, se justifica porque con la medida se busca proteger la vida de quienes transitan en las calles, concluye la Corte.
PARAPOLÍTICOS CONDENADOS NO TENDRÁN QUE REPARAR A LAS VÍCTIMAS
El pabellón 'parapolítico', donde están recluidos los políticos que hicieron pactos con las Auc.
Entre los que se salvaron están, entre otros, Eleonora Pineda, Salvador Arana y Mario Uribe Escobar.
El ex senador Juan Carlos Martínez, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, se salvó por tres días de tener que pagar con dinero y con bienes la reparación de víctimas en Colombia.
Como él, un total de 26 ex senadores, ex gobernadores y ex representantes a la Cámara, cuyas sentencias están en firme en la Corte Suprema de Justicia por apoyar a grupos paramilitares, no quedarán cobijados por la recién sancionada Ley de Víctimas, que establece que quienes apoyaron y financiaron grupos armados ilegales tendrán que pagar para resarcir a las víctimas de la violencia.
"Sobre los ya condenados aplica principio de favorabilidad. A ellos no se les podría aplicar la Ley a menos que tengan otra investigación por hechos distintos", aseguró Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, quien explica que la Ley no es retroactiva y sería necesaria otra sentencia en la justicia para poder que se persigan los bienes de los ya condenados.
Aunque la lista de investigados por parapolítica casi llega a un centenar en la Corte, casos tan emblemáticos como el del ex senador Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, y el ex gobernador de Sucre Salvador Arana, sentenciado por el crimen del alcalde de El Roble Eudaldo Díaz --cada uno con penas de 40 años de cárcel-- van quedando por fuera de las cuentas de la reparación.
Y los bienes de los primeros condenados, que ya gozan de la libertad, como Eric Morris, Dieb Maloof, Hernando Molina, Muriel Benito Revollo, Alfonso Campo, Miguel de la Espriella, Luis Eduardo Vives, Eleonora Pineda y Mauricio Pimiento permanecen intocables para el Fondo de las víctimas.
Tampoco colaborará el ex senador Mario Uribe y el ex gobernador de Magdalena José Domingo Dávila Armenta, sentenciados a 9 años por parapolítica,
"La culpa de este vacío la tiene la Ley de Justicia y Paz, y lo que hace la Ley de Víctimas es llenarlo porque es una obligación que si se financió y se apoyó a las organizaciones ilegales armadas, llámese Auc, guerrilla o bandas criminales, tengan un proceso en lo penal pero también se les castigue en lo financiero", dice Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas.
Salvavidas de la corte
Voceros del Gobierno coinciden con que la Corte Suprema dejó una puerta abierta para que muchos de los parapolíticos sentenciados, no se queden sin reparar a las víctimas.
En reiteradas ocasiones el alto tribunal ha incluido en sus fallos la orden de investigar a los ex funcionarios por los delitos de lesa humanidad cometidos por los 'paras', es decir, por los homicidios, desplazamientos, desapariciones forzadas e, incluso, narcotráfico, de responsabilidad de los grupos armados ilegales.
Con otro proceso abierto aparte del concierto para delinquir, dice Samper, se "puede ordenar la apertura del incidente de reparación siempre y cuando exista suficiente evidencia de que el financiamiento y el apoyo de los grupos fue voluntario".
GOBIERNO PREPARA DECRETO QUE REGLAMENTA INDULTOS: VICEPRESIDENTE
El vicepresidente Angelino Garzón pidió mayor responsabilidad de los partidos con sus avales.
Se buscará que a partir de ahota tengan que decir la verdad y garantizar la no repetición.
Angelino Garzón dijo que se trata de la reglamentación de la Ley 1424, que permite el indulto a desmovilizados de grupos armados ilegales que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
Explicó que la Presidencia trabaja en el decreto en el cual se establecerá cómo se realizará el proceso de indulto, que además exige verdad y no repetición.
Noticia en desarrollo...
APROBADAS LEYES CONTRA 'CHUZADAS' Y PARA SANEAR FINANZAS DEL ESTADO
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera (der.), y el asesor presidencial para la seguridad, Sergio Jaramillo (izq.), en el debate de la Ley de Inteligencia.
Pasaron en último debate la Ley de Inteligencia y la Regla Fiscal.
Otros dos de los más importantes proyectos de este productivo periodo legislativo tuvieron luz verde este martes en el Congreso, cuando la plenaria del Senado aprobó la Ley de Inteligencia que, entre otras cosas, busca evitar que se repita la historia de las 'chuzadas', y la Ley de Regla Fiscal, con la que se pretender poner orden a las finanzas del Estado.
La Ley de Inteligencia, la de mayor debate, pasó con 57 votos a favor y 7 en contra. El ponente y coautor de la iniciativa, el senador liberal Juan Manuel Galán, dijo que "la intención es regular las prioridades de los organismos de Inteligencia, sus objetivos y misión, así como a quién le rinden cuentas y cuál es su plan de trabajo y sus herramientas".
Durante el debate hubo polémica por la posibilidad de monitorear el espacio electromagnético, pero finalmente el artículo que la contempla, el 17, pasó. Para Gloria Inés Ramírez, senadora del Polo Democrático, "un barrido electromagnético es como una chuzada general, porque se les viola la intimidad a personas que no tienen nada que ver con actividades ilegales".
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, defendió este tema diciendo: "Imagínense ustedes a nuestro Ejército en zonas selváticas, en plenas operaciones, teniendo que ir donde un juez a pedir autorización para un barrido electromagnético sobre el terreno de bandidos que están a 200 metros. Esa es la manera de perder la guerra".
También generó debate la comisión parlamentaria que hará veeduría a las labores de Inteligencia. Según el senador del Mira Manuel Virgüez, entregarles información reservada a algunos congresistas "los convertirá en objetivo militar y los hará jurídicamente responsables, ante la Corte Penal Internacional, si se repiten casos como el de los falsos positivos".
Tanto la Ley de Inteligencia como la Regla Fiscal pasan a conciliación de las cámaras, y la primera debe pasar el control constitucional.
Otros puntos clave de la Ley de Inteligencia
1. Sobre interceptaciones
Las interceptaciones telefónicas solo podrán hacerse con previa orden judicial. Sin embargo, los 'barridos' a espacios electromagnéticos se podrán realizar con base en la necesidad de la Fuerza Pública (Policía, Ejército, etc.). En este sentido, la ley dice que toda operación de Inteligencia deberá ser ordenada por un superior, quien deberá responder por los resultados obtenidos y, si es el caso, por los actos ilegales que se cometan mientras se desarrolla la operación.
2. Congresistas, veedores
La Ley de Inteligencia crea una comisión parlamentaria que les hará control político y de seguimiento a las actividades de Inteligencia. La integrarán cuatro representantes y cuatro senadores, entre los cuales debe haber al menos uno de la oposición, en cada caso. Puede vigilar inversión de los gastos reservados.
3. Doble identidad a agentes
Los agentes que hagan labores de Inteligencia pueden acceder a una doble identidad con autorización del Gobierno, para el tiempo de la operación. La Registraduría será la encargada de facilitar la segunda identidad. Se da para garantizar la seguridad del agente.
4. Periodistas, sin sanciones
A la Ley se le incluyó un parágrafo que establece que a los periodistas no les aplicarán las sanciones establecidas por publicar información con carácter reservado, pero se hace un llamado a los medios de comunicación para que se autorregulen y analicen los contenidos y el impacto que puedan tener sobre la seguridad nacional.
5. Reserva de documentos
La información de Inteligencia consignada en documentos será reservada por 30 años, pero el Presidente de la República tendrá la posibilidad de extender esa reserva hasta por 15 años más. Vale la pena aclarar que el Jefe de Estado tiene la potestad de levantar esa reserva cuando lo estime conveniente.
Regla para ahorrar en buenos tiempos
En la noche del martes, en plenaria de Senado, se aprobó el proyecto de regla fiscal, en su cuarto debate, lo que deja pendiente sólo la conciliación entre Cámara y Senado.
Con esta ley se busca establecer las reglas de juego para que el país pueda manejar con disciplina las finanzas públicas, especialmente cuando se prevén ingresos crecientes por el auge de petróleo y minería, de manera que se ahorre en épocas buenas y se pueda contar con esos ahorros en las de crisis.
1. Control de técnicos y congresistas
Un punto que modificaron los senadores, en comparación con lo que ya había sido aprobado por los representantes a la Cámara, se refiere al establecimiento de un comité consultivo que se encargará de hacer seguimiento a la regla fiscal, para garantizar así su cumplimiento y los ajustes que requiera.
En la Cámara, este grupo sólo estaba integrado por técnicos, ahora incluye una representación del Congreso (los presidentes de las comisiones económicas).
Para el colombiano común y corriente, la existencia y aplicación de una regla fiscal implica la posibilidad de que los tributos que se pagan al Estado alcancen para hacer más inversión en obras que mejoren la calidad de vida de todos los colombianos.
2. No se puede incumplir
En el último texto aprobado se estableció que no podrá haber incumplimiento de la regla fiscal, para llevar al país a cumplir la meta de reducir el déficit fiscal a 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2014; a 1,3 por ciento en el 2018, y a 1 en el 2022. "Si se crean reglas para imponer una disciplina, no puede dejarse espacio para que se incumplan. Claro está, se exceptúan casos de crisis", dice Álvaro Ashton, coordinador ponente.
3. Primero, alcanzar superávit
Entre las modificaciones del último debate está también la denominación del Fondo de Ahorro y Estabilización que se crea con la ley, que ahora tendrá el 'apellido' de fiscal y macroeconómica; esto, para hacer precisión de que el ahorro que se empezará a hacer se va a iniciar en forma, cuando se logre el anhelado superávit (es decir que los ingresos alcancen para sacar los gastos de funcionamiento e inversión y sobre). El Fondo -dice el ponente- se crea como una cuenta sin personería jurídica, cuyo objeto es contribuir a la estabilidad macroeconómica y fiscal.
Otras iniciativas que hicieron tránsito en el Congreso
Castigo a conductores ebrios
La Comisión I de la Cámara retomará hoy la discusión, en primer debate, del proyecto de ley que castiga a los conductores ebrios. Se postergó ante la resistencia de algunos congresistas al arresto de entre 8 y 30 días a quien sea sorprendido manejando borracho.
Proyectos a sanción
A sanción presidencial pasaron la Ley de Ordenamiento Territorial y el proyecto de disponibilidad de suelo urbanizable. Igualmente el Senado le dio vía libre, en su cuarto debate, a un acto legislativo que busca revivir la denominada Ley de Pequeñas Causas.
Avanzó la 'Ley Lleras'
Con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la denominada 'Ley Lleras', con la cual se regulan los derechos de autor en Internet y se castiga a quienes comercialicen, sin previa autorización, obras protegidas.
FALLO PERMITIRÍA A CONGRESISTAS ASPIRAR A GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS
De concretarse esta posibilidad, el mapa político de las elecciones cambiaría radicalmente.
La expectativa sobre un fallo del Consejo de Estado que abriría la puerta para que los actuales congresistas puedan ser candidatos a alcaldías y gobernaciones en octubre próximo está a punto de cambiar el mapa electoral en varias regiones.
Por lo menos seis legisladores esperan que se conozca la decisión del alto tribunal para tomar una determinación en ese sentido.
Los senadores Armando Benedetti (de 'la U') y Jorge Enrique Robledo (del Polo) admitieron que, si hay luz verde para aspirar al primer cargo de la capital del país, lo harán.
Lo mismo ocurre con Dilian Francisca Toro ('la U') y Alexánder López (Polo), ambos del Valle del Cauca. Toro lo haría por la gobernación de su departamento y López, por la alcaldía de Cali.
Por lo menos otros dos congresistas, dijo López, también están listos para zarpar del Capitolio, si el Consejo de Estado abre ese camino.
La historia tiene origen en un fallo que el Consejo de Estado habría producido hace pocos días y que estaría a punto de divulgar, según dijo el congresista vallecaucano, quien anunció que a las 2 de la tarde de este miércoles visitará al alto tribunal para enterarse con detalle del caso. ELTIEMPO.COM consultó a ese alto tribunal sobre la sentencia, pero hasta la noche del martes no hubo respuesta.
La decisión del Consejo de Estado tendría como base antecedentes constitucionales y, según dijo López, permitiría que los legisladores renunciaran, inclusive, faltando un día para el vencimiento de las inscripciones.
De confirmarse este hecho, el escenario para las elecciones de octubre próximo tendría un cambio significativo, pues muchos legisladores han expresado su interés en ubicarse en el partidor para alcaldías y gobernaciones.
Los que están listos
El senador Benedetti aseguró que está "esperando que haya claridad jurídica" y, si no hay impedimento, "lanzaré mi candidatura" para Bogotá.
Y Robledo dijo que "si se considera que son viables, jurídica y políticamente, las dos cosas, mi nombre estaría presente". López también precisó que, si hay viabilidad jurídica, lo hará.
La senadora Dilian Francisca Toro, quien ostenta la tercera votación más grande para el Congreso (casi 150.000), se declaró a la expectativa de que haya claridad sobre la norma.
Si los congresistas tienen la certeza de que no hay ninguna inhabilidad para sus candidaturas, estos se convertirán, indudablemente, en protagonistas de primer orden de las campañas regionales.
LA CONSTITUCIÓN DE 1991: SOCIAL, DEMOCRÁTICA Y PLURAL
Desmovilización de 5 grupos guerrilleros en gobierno Barco, da inicio a la gesta de la Carta Magna.
La toma, retoma e incendio del Palacio de Justicia en 1985 llevaron a muchos a la convicción de que habíamos tocado fondo. Pocas veces los colombianos habíamos vivido un horror de tal magnitud.
Más de 100 personas inocentes, incluida la máxima inteligencia jurídica del país, fueron víctimas del odio y la sinrazón de sus compatriotas. La grave ruptura del pacto social despertó la conciencia ciudadana. El movimiento estudiantil cobró fuerza y exigió recuperar la autodeterminación política por vía constituyente, camino cercenado en el plebiscito de 1957.
El gobierno Barco logró, durante el periodo 1986-1990, desmovilizar a cinco grupos guerrilleros. Para sellar el acuerdo de paz, que aspiró sin éxito a incluir a las Farc, se gestó la única constitución verdaderamente democrática de nuestra historia republicana.
Antes, las cartas políticas eran redactadas por gramáticos cercanos al poder y validadas por el Congreso. La del 91, imperfecta y farragosa, fue deliberada y votada por 70 constituyentes, elegidos en forma directa por el pueblo. Su resultado ha contribuido a la transformación del país.
La fórmula política adoptada por el Constituyente, el Estado constitucional, democrático y social de derecho, respondió a la gran deuda social con las personas y los grupos más desfavorecidos. De un Estado de derecho formal, confesional y autoritario, se transitó hacia un Estado constitucional, democrático, republicano, pluralista y social de derecho.
Dentro de las piezas centrales del nuevo andamiaje constitucional están la adopción de una extensa carta de derechos y deberes; las acciones de tutela popular y colectiva; la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo; la restricción al uso de los estados de excepción, por mencionar solo algunos avances. Asuntos importantes que se quedaron entre el tintero fueron: un ordenamiento territorial favorable para la regionalización del país -como la soñó el gran ser humano Orlando Fals Borda-; una reforma política favorable para una democracia real, y el acceso efectivo a la tierra para millones de excluidos por la pobreza o la violencia, entre otros.
Antes de la reforma de 1991, los derechos fundamentales no estaban presentes en la conciencia ciudadana como ahora. Por el contrario, la máxima "El interés general prima sobre el particular" dejaba traslucir la primacía de intereses colectivos sobre el valor intrínseco de la persona humana. Más de 50 años de estados de sitio recurrentes habían hecho su mella en el ánimo democrático, tanto como el esquema del frente nacional había desmovilizado a la población. El Constituyente pretendió cambiar la cultura política utilitaria, autoritaria y excluyente. La dignidad humana, el pluralismo, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad real y efectiva y la solidaridad social se adoptaron como principios fundamentales para la vida social y política.
Luego vendrían doctrinas constitucionales, desarrolladas por jurisprudentes ilustres, con nuevos métodos de interpretación.
Gracias al desarrollo de la Carta Política por los jueces, en particular de la Corte Constitucional, hoy conforman nuestro acervo jurídico instituciones como el Estado social de derecho, el derecho fundamental al mínimo vital, la tutela por vías de hecho, los estados de cosas inconstitucionales, el derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos y el control material sobre los actos declaratorios de estados de excepción, entre otros avances.
Si bien la Constitución de 1991 no nos ha sacado de la vorágine de la violencia ni de la trampa de la pobreza, sí ha contribuido a democratizar la sociedad, a desmontar el autoritarismo y a neutralizar millones de injusticias concretas.
Una constitución es un pacto político y social que debe renovarse permanentemente, bien sea para refrendarlo o para modificarlo de forma que responda a las exigencias de los tiempos. Debe ser tan estable que ofrezca un futuro promisorio a largo plazo, pero tan flexible que no impida responder oportunamente a los desafíos sociales y políticos.
Dos décadas son un tiempo prudencial para reflexionar sobre los aciertos y los desafíos de un acuerdo sobre lo fundamental. Los recientes fenómenos de corrupción en áreas como salud, agricultura o minería obligan a revisar el prejuicio según el cual el sector público es venal e ineficaz, mientras el privado es pulcro y eficiente. Más importante que las privatizaciones de instituciones y funciones públicas para combatir la desigualdad económica y la pobreza parece ser una actitud dispuesta a revisar y discutir, con fundamentos empíricos y desapasionadamente, las decisiones colectivas que el país necesita para ser próspero e inclusivo económica y socialmente, sin dominación ni sujeción a poderes privados. Es hora de deliberar democráticamente sobre la conveniencia de derogar la Ley 100 de 1993.
El acceso a la propiedad y a la tierra para los campesinos; un estatuto de trabajo que garantice los principios laborales mínimos y fundamentales; la protección plena a las mujeres y a sus derechos sexuales y reproductivos; la justicia con las comunidades afrocolombianas, no suficientemente reconocidas y garantizadas en sus derechos en la norma fundamental; el pleno respeto de los derechos de las personas con diversa orientación sexual; los derechos de los animales y de la naturaleza. Todos estos son desafíos avizorados por los constituyentes de 1991, pero que aún carecen de un desarrollo adecuado en cuanto a la preceptiva constitucional y legal.
La principal tarea inconclusa de la sociedad colombiana está en el ámbito cultural. La integración de la comunidad política se encuentra en una situación análoga al estado de la infraestructura de carreteras, puentes y caminos.
La construcción de un pueblo que actúe cooperativamente; que confíe y no desconfíe; que se enorgullezca de su pasado indígena, negro o mestizo en lugar de denigrarlo; que cultive y extienda su riqueza lingüística y no la niegue; que quiera ahondar en sus raíces en vez de parecerse a sus antiguos amos; que ejerza su soberanía y no se venza ante el neocolonialismo, la depredación ambiental o el saqueo de los recursos naturales; que no se deje llevar por el facilismo del consumo, sino que oponga resistencia intelectual y estética a la banalización de la complejidad y la riqueza de la existencia. Esa es la sociedad anhelada por el pueblo constituyente que dio origen y se mantiene fiel a la Constitución de 1991.
Conversatorio con el ex presidente Gaviria
En el foro La Constitución: 20 años, que realizarán EL TIEMPO y la Universidad de los Andes, el próximo martes 21 de junio, el director de este diario, Roberto Pombo, dialogará con el ex presidente César Gaviria sobre la Carta Política que hoy nos rige, la cual fue posible gracias a su papel en la difícil coyuntura de 1991. Ese día, protagonistas y expertos se darán cita en el Auditorio Mario Laserna, de la Universidad, a partir de las 8:30 a.m.
Recordando la Constituyente
La familia, núcleo de la sociedad
El Estado debe garantizar su protección
La Constitución Política de 1991 consagró a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y estableció como deber del Estado garantizar su protección integral. La Asamblea Constituyente también determinó, en su Artículo 42, que "la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables" y aprobó sancionar "cualquier forma de violencia" en su contra. De otro lado, en la norma se consagró que tienen igualdad de derechos los hijos concebidos tanto en el matrimonio como fuera de él.
Sí, a extinción de dominio
Por enriquecimiento ilícito
La figura de extinción de dominio fue consagrada en la Carta de 1991 para castigar el enriquecimiento ilícito. En el Artículo 34 se estableció que "por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social".
Lo aprobado hace 20 años
El 31 de junio de 1991, la Asamblea Constituyente le dio el sí, dentro del nuevo régimen del servidor público, al fin del nepotismo en la administración pública.
En la Carta se consagró que "los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente". También se determinó que tampoco podrán designar a "personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación".
RODOLFO ARANGO
'LA CONSTITUCIÓN RECONOCIÓ A LAS LESBIANAS COMO VERDADERAS CIUDADANAS'
Adriana González y su pareja, Marcela, llevan 4 años unidas.
Lo que les ha ofrecido la Carta Magna a la población homosexual en Colombia y lo que aún les debe.
Antes de la Constitución Política de 1991, los homosexuales en Colombia se sentían como delincuentes. "No éramos ciudadanos de segunda, sino de quinta", admite Adriana González, trabajadora social dedicada a la educación y quien ahora desarrolla programas para el reconocimiento de la comunidad LGBT.
"Yo adoro la Constitución y adoro la Corte Constitucional porque en todos estos años han hecho un reconocimiento sensible a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Siento que nos garantizan vivir en este país", añade Adriana.
Para ella, y para cerca de 4 millones de homosexuales que se calcula hay en Colombia, la historia previa a la promulgación de la Constitución Política tiene trazos tan oscuros que muchos prefieren olvidarlos y que pocos recuerdan en episodios tan insólitos como no poder ser docentes, notarios o integrantes de las Fuerzas Armadas.
"El estatuto docente, las normas para ser notario o los requisitos para hacer parte de las Fuerzas Armadas les cerraban las puertas a los homosexuales de este país. Recibíamos tratamiento de delincuentes, porque desde el Código Penal de 1936 se penalizaba las relaciones entre las parejas de un mismo sexo", aclara Marcela Sánchez, de la ONG Colombia Diversa.
Ahora, tras 20 años de experiencia bajo los preceptos de la Constitución los homosexuales cuentan con toda una batería de artículos, que empieza con el número 13, que contempla que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley; pasa por el número 16, sobre el libre desarrollo de la personalidad; pero se estrella con el 42, porque este establece que la familia se constituye por "la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio".
Este último es quizá el principal dolor de cabeza de la comunidad, porque su redacción implica que los homosexuales no hayan podido avanzar en dos frentes: la posibilidad de contraer matrimonio civil y la adopción conjunta de menores.
"Soy ciudadana, pago impuestos, pero aún el Estado no me reconoce el derecho a decidir con quién casarme", dice Adriana.
En los últimos cuatro años, esta trabajadora social tiene una unión de hecho, reconocida ante un notario, con Marcela, una ingeniera de sistemas, con quien comparte la pasión por los viajes. El paso que han estado esperando es que puedan tener un matrimonio civil, como el que celebran los heterosexuales.
"Hasta a mi familia le cuesta trabajo reconocer que tengo una vida con Marcela", admite.
La Corte Constitucional les ha dado un reconocimiento en derechos, beneficios y responsabilidades similar al de las parejas heterosexuales: pueden declarar su lugar de residencia como vivienda familiar y evitar que estas sean embargados, acceder a los beneficios del plan de salud de los Fuerzas Armadas, ser elegibles para viviendas en los programas de subsidio del Gobierno, obtener compensaciones por la muerte de su compañero en accidentes de tránsito, entre otros.
El fallo, del 28 de enero del 2009, también establece derechos migratorios, medidas de protección cuando sean víctimas de delitos atroces y la posibilidad de no incriminar a su pareja en procesos judiciales. Otros fallos del mismo tribunal reconocen derechos patrimoniales, la sustitución pensional, la afiliación a salud y al sistema de pensiones y el derecho de alimentos.
En términos legales suena bien, pero en términos culturales aún la tarea está pendiente. "Para adquirir un seguro funerario que incluyera a mi suegra -a quien no le gusta que la llamen así- tuve que llevar la escritura en la que se demuestra que Marcela es mi esposa. O, en otra oportunidad, en un hotel de Villavicencio no nos querían aceptar el pago de nuestra cuenta porque nos dijeron que sólo admitían el pago por parte de hombres ¡Qué tal!".
Es una discriminación que, según Marcela Sánchez, aún se vive en otros aspectos de la vida cotidiana: "Se nota en la no difusión de los derechos para los homosexuales, en la impunidad en las investigaciones relacionadas con las muertes de gays o lesbianas, en la violencia contra los travestis, en los suicidios de los adolescentes incomprendidos por su orientación sexual o en el incumplimiento de las sentencias de la Corte".
Aún así, con reconocimientos pendientes, Adriana Gutiérrez dice que hay razones para sonreír en Colombia y animarse a dar nuevas luchas.
"La Constitución nos ha dado la posibilidad de vivir en un país democrático, nos ha dado la posibilidad a los homosexuales, a nosotras, las lesbianas, de poder ser ciudadanas".
GOBIERNO Y CORTES SE DAN MÁS TIEMPO PARA REFORMAR JUSTICIA
El presidente Juan Manuel Santos dialoga con los presidentes del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
Magistrados pidieron más recursos para este año y mejorar presupuesto de 2012.
El presidente Juan Manuel Santos y las altas cortes acordaron este martes mantener una mayor expectativa de concertación para ejecutar la reforma judicial.
Después de un almuerzo de trabajo en la Casa de Nariño, en el que participaron el mandatario, su ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, y los presidentes de los cuatro altos tribunales (Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo de la Judicatura), se acordó aplazar un foro previsto para la próxima semana, en el que se debían conciliar posiciones sobre el tema.
La reforma a la Justicia, sobre la que ya hay algunos puntos coincidentes entre las cortes y el Ejecutivo, busca darle mayor autonomía a la rama, sobre todo en el campo presupuestal.
La cita en Palacio estaba antecedida por las discrepancias que el mandatario expresó respecto de algunos fallos, en particular el que declaró "ilegales" las pruebas halladas en los ordenadores del abatido jefe de las Farc 'Raúl Reyes' y el que condenó a la Nación por la toma guerrillera a la base de Las Delicias.
No obstante, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras -vocero del encuentro-, aseguró que ese asunto ni siquiera se mencionó. "Si me preguntan si esta reunión fue para discutir el contenido y alcance de los fallos emitidos, tengo que reiterarles que eso no sucedió", dijo el funcionario.
No obstante, se abordaron cuatro puntos centrales. El primero tiene que ver con el proyecto de reforma de la Justicia, que será puesto a consideración del Congreso el próximo 20 de julio, fecha en la que el Legislativo inicia un nuevo periodo de sesiones.
Por otra parte, el Gobierno se comprometió a suministrarles a las cortes información sobre el organigrama del nuevo Ministerio de Justicia, a mejorar las condiciones de seguridad de los jueces y a estudiar una posible adición de recursos durante este año, así como la discusión del anteproyecto de presupuesto que será presentado al Congreso para el 2012.
El ministro Vargas destacó el clima de "confianza absoluta" en que se realizó el encuentro y anunció que continuarán.
EN REUNIÓN DE MAGISTRADOS Y GOBIERNO NO SE HABLÓ DE FALLOS POLÉMICOS
Cortes acordaron con el Gobierno que reforma de la Justicia se presentará el próximo 20 de julio.
El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, aseguró que luego de la reunión existe el 'mejor tono' entre entre las ramas judicial y ejecutiva.
El encuentro había generado gran expectativa luego de la sentencia de la Corte Suprema que declaró ilegales y sin validez probatoria los correos hallados en los PC del abatido guerrillero 'Raúl Reyes', y del fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación a pagar 1.680 millones de pesos por la toma a la base militar de Las Delicias, atacada por las Farc en agosto de 1996.
Sin embargo, Vargas Lleras dijo que estos polémico fallos no se discutieron en la reunión y que el eje de la misma fue la reforma de la Justicia.
El ministro confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que los temas que se tocaron en la reunión fueron: el presupuesto de la rama (judicial), las funciones del nuevo ministerio de Justicia, la reforma de la Justicia y la seguridad de la rama.
Vargas agregó que el Presidente Santos y las cortes abordaron los temas en medio del "mejor ambiente" y en el marco de los "diálogos permanentes".
Y finalizó diciendo que tras la reunión se determinó que estas citas se celebrarán periódicamente en desarrollo de la "colaboración armónica y estrecha de ambas ramas del poder público", en un clima que él calificó de "confianza absoluta".
Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino recalcó el buen clima existente en la reunión.
"El señor Presidente ha sido muy amable con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, con el Consejo de la Judicatura, y salimos de la reunión muy buenos amigos", manifestó.
CREAN 80.000 CUPOS DE EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA POBLACIÓN CARCELARIA
El programa dará cabida a más de 220 programas técnicos y tecnológicos a cargo del Sena.
Así lo informó desde la cárcel El Buen Pastor el ministro Vargas Lleras, en la firma del Programa de Cooperación Técnica entre el Sena y el Inpec.
El Programa pasó a crear 72 mil cupos más de los que había disponibles el año pasado para reclusos, reclusas, y guardias carcelarios.
"Con 80 mil cupos nadie se puede quedar sin estudiar así esté transitoriamente privado de su libertad", dijo el ministro del Interior y de Justicia, recordando que actualmente hay en Colombia 90.000 personas presas.
Por un lado, el programa dará cabida desde el 15 de julio de este año a más de 220 programas técnicos y tecnológicos a cargo del Sena. Con esto, se pretende que "la formación tenga una amplia cobertura y no se constituya en un privilegio de unos pocos", dijo el padre Camilo Bernal, director general del Sena. De esta forma, por cada dos días que los internos estudien, se les redimirá uno de pena.
Adicionalmente, el Sena ayudará a que a través del servicio nacional de empleo los reclusos pronto a ser liberados accedan a las ofertas laborales disponibles y reciban acompañamiento en sus acciones de emprendimiento.
En materia de deportes, habrá a partir de la misma fecha 33 programas disponibles, incluyendo 10 para personas con discapacidades, según informó el director general de Coldeportes, Jairo Clopatofsky.
Cada uno de estos programas consistirá de un total de 120 horas repartidas entre clases teóricas virtuales y clases prácticas.
Además, contarán con un componente de resolución pacífica de conflictos para lograr, en palabras de Clopatosfky, "la paz a través del deporte".
"Aquí empezarán las semillas del apoyo del Sena, del apoyo de Coldeportes", concluyó el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec.
En el marco de dicho Programa, el ministro Vargas Lleras se refirió a los anteriores como parte de los beneficios de la reforma del Código Carcelario y Penitenciarios, actualmente en curso en el Congreso. Dijo también que con esta misma reforma se buscará reducir los indicios de corrupción del sistema de brazaletes, ya que, según él "el sistema de intramuros de brazaletes está llegando a manos de las personas con más capacidad económica" de manera que "hay que reevaluarlo porque el programa es para las personas de menos peligrosidad y las personas más pobres".
Este y otros actos de corrupción carcelaria podrán ser denunciados de ahora en adelante a una línea telefónica directa del Ministerio de Interior y de Justicia.
JUSTICIA FIRME
Jaime Fajardo
El gobierno de Santos envía señales positivas al abrir canales de diálogo con la rama judicial, sin llevarla a la palestra pública, para debatir el sentido de algunos fallos.
A raíz de los fallos promulgados por la administración de justicia, y en particular por la Corte Suprema, han salido a relucir diversas apreciaciones que de una u otra forma colocan a los jueces o a los altos tribunales en la picota, a partir de consideraciones que subrayan la politización de esta rama del poder, o que creen detectar sesgos en sus decisiones.
Ha resultado virulenta la andanada contra los altos tribunales y la rama jurisdiccional en general, luego del pronunciamiento de la Corte que negó la validez de los contenidos de los computadores incautados durante la operación que dio de baja a alias 'Raúl Reyes' en territorio ecuatoriano. También, por la posición del Consejo de Estado al condenar a la Nación en un monto de 1.680 millones de pesos como indemnización en favor de militares heridos en la sangrienta toma de la base de Las Delicias por parte de las Farc en 1996.
Tal vez algunos fallos ameriten un mayor análisis y discusión, pero considero que el meollo de los cuestionamientos estriba en que están tocando fibras muy sensibles de la sociedad colombiana, que se suman a incontables decisiones que empiezan a auscultar en mejor forma las responsabilidades de tipo jurídico que competen a ciertos dirigentes.
En efecto, venimos de un período de ocho años durante los cuales los magistrados de las cortes y los jueces de la República sintieron la presión constante del Gobierno y de altos mandos de la fuerza pública para que no se tomaran decisiones que podrían tocar intereses muy connotados del país, y para que la verdadera responsabilidad de los hechos no recayera sobre los altos niveles del Gobierno, la fuerza pública o sectores económicos, sino que se trasladara a mandos medios, o que fuera desconocida. Esta pretensión se suma a la notable práctica de acciones ilegales, violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que ya se empiezan a develar y que comprometen a quienes en un momento determinado se beneficiaron de la decisión popular que dejó en sus manos el manejo de los asuntos del Estado.
Creo que en nuestra historia republicana no hay registros de que la Justicia haya operado y obtenido los resultados que los colombianos y nuestra Constitución obligaban a obtener, como está sucediendo. Y que se juzgue a los que consideraron que en aras de mantener las riendas del Estado y de las instituciones se podía transgredir la ley y violar las garantías constitucionales e incluso pisotear las bases del Estado Social de Derecho que nos rige.
Aunque algunas decisiones puedan resultar controvertibles, es evidente que ahora la Justicia se atreve a investigar y a condenar a los responsables de delitos enquistados en sectores 'intocables', al igual que a personajes que no admiten las grandes responsabilidades que les competen en escandalosos desafueros.
Claro que sigue pendiente esclarecer quiénes son los verdaderos responsables de casos como el asesinato de los miembros de la UP y de defensores de derechos humanos, en ejercicio de una política de exterminio que compromete a altos funcionarios de anteriores gobiernos, algunos oficiales de la fuerza pública y sectores del gobierno norteamericano de esa época, al igual que la conformación de grupos ilegales al servicio del narcotráfico y el crimen organizado, que recibieron el aval y complacencia de la dirigencia política y económica del país; el desenlace de toda la parapolítica y la identificación de los verdaderos responsables de la creación del paramilitarismo, entre muchos otros casos no resueltos. De manera similar se deben abordar los factores que agudizaron el conflicto colombiano, para propiciar el avance hacia una reconciliación que no esconda la verdad, no maltrate la justicia y no impida la reparación de las víctimas.
Afortunadamente el gobierno de Santos envía señales muy positivas a la opinión pública y a la comunidad internacional, y abre canales de diálogo con la rama de la Justicia para debatir el sentido de algunos fallos, sin llevarla a la palestra pública como quieren hacerlo los que pretenden acallar sus decisiones y ocultar las responsabilidades que les caben en hechos que han enlutado a toda nuestra sociedad.
EL ESPECTADOR
QUIENES NO SEPAN LEER NO PODRÁN CONDUCIR: CORTE
El Tribunal Constitucional lo consideró un requisito inaplazable para manejar vehículos.
Ciudadanos que no sepan leer y escribir no podrán conducir vehículos en la vía pública, sostuvo la Corte Constitucional, que ratificó la exequibilidad de la norma que imponía la restricción.
La Corporación reiteró que el numeral 1 del artículo tercero de la Ley 1397 2010, que exige como requisito para la entrega de licencias de conducción el saber leer y escribir, se ajustaba a la Carta Política del 91.
Los demandantes consideraban que el vedar de la conducción de vehículos a quienes no tuvieran ese tipo de conocimientos era violatorio de su derecho fundamental a la igualdad.
Sin embargo, la Corte, hay que tener en cuenta que señales de tránsito e indicaciones sobre la ubicación de vías y demás demuestran que quien desconozca estos códigos no puede conducir sin representar, probablemente, un obstáculo para el normal desarrollo de la movilidad vehicular en vías públicas.
FISCALÍA ORDENA REABRIR INDAGACIÓN POR SUPUESTA SUPLANTACIÓN EN CASO PALACIO
Vivianne Morales aclaró que se debe investigar si, efectivamente, Édgar Villamizar fue suplantado o no, cuando ofreció su testimonio.
Que se reabra la investigación por la supuesta suplantación de un testigo clave en el proceso por el holocausto del Palacio de Justicia, ordenó la fiscal General de la Nación Vivianne Morales.
En diálogo con Radio Caracol, explicó que no es suficiente la aparición del testimonio ante la Procuraduría, en la que dice que ni su nombre ni su firma corresponden, pese a que éste fue aportado por el ente acusador al expediente.
Indicó que antes de emitir un pronunciamiento hay que tener en cuenta la declaración del testigo y esclarecer si se trata del mismo que se presentó ante la Fiscalía, donde ofreció su declaración.
Según un pronunciamiento emitido por la Procuraduría, Villamizar se presentó ante el Ministerio Público, donde declaró haber sido suplantado en esa diligencia, pues en realidad él n se trasladó a Bogotá, durante la retoma del Palacio de Justicia.
En esa nueva declaración, manifestó que él ni siquiera conocía al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en la época de los hechos, cuando se trataba de una prueba clave contra el oficial (r).
La fiscal a cargo de la investigación Ángela María Buitrago, ya retirada, ha insistido que el nombre de Villamizar, que en el expediente aparece como el de Édgar Villareal debió aparecer en esa forma en el expediente por un error involuntario de digitación, pero durante la diligencia se comprobó que efectivamente se trataba de la persona que había sido requerida en ese entonces.
SANTOS Y LAS CORTES NO HABLARON SOBRE FALLO DE COMPUTADOR DE 'REYES'
Tras la cita que se cumplió entre el Jefe de Estado y los presidentes de las Altas Cortes, el ministro Germán Vargas Lleras confirmó el “mejor tono” entre las ramas del poder.
El Gobierno Nacional y las Altas Cortes este martes zanjaron sus diferencias y superaron los impasses por fallos polémicos de la justicia.
Al concluir un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de las Altas Cortes, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, confirmó “el mejor tono” entre la rama Ejecutiva y la rama Judicial.
“Como es habitual, este encuentro estuvo rodeado de cordialidad”, señaló Vargas Lleras.
Aunque inicialmente se pensó que se iba a tratar el tema del computador de ‘Reyes’, Vargas -como lo dijo la mañana de este martes- confirmó que el Gobierno no tocó ese tópico en la reunión. De esta manera prácticamente se dio por superado el impasse que se había generado alrededor del último fallo.
A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, dijo que hubo un diálogo cordial entre el Jefe de Estado y los presidentes de los altos tribunales
El magistrado indicó que salen de la reunión como “muy buenos amigos”.
Acuerdo entre Santos y la Corte
Reforma a la justicia: las Cortes han venido elaborando su valoración del proyecto y formulando sus propias iniciativas. El 11 y 12 de julio habrá una reunión final para que terminar concertando el texto que se presentará el 20 de julio.
Ministerio de justicia: a las Cortes el Gobierno les compartirá el diseño institucional que se ha elaborado como estructura funcional para el nuevo ministerio.
Seguridad de magistrados, fiscales y jueces: presidió una reunión el lunes para evaluar el decreto que propende por un sistema único en integral de protección a los 32 grupos que representan situaciones de vulnerabilidad, incluidos, los magistrados.
Presupuesto: se anunció que se retira la postergación de entrega de recursos para la vigencia de 2011 y se decidió involucrar en la reforma a la justicia un financiamiento propio de la rama judicial.
EL NUEVO SIGLO
HASTA JULIO CUMBRE SANTOS – CORTES PARA REFORMA JUDICIAL
El Ministro del Interior señaló que, independientemente de lo que suceda en el próximo encuentro, la iniciativa será radicada el 20 de julio.
LA CUMBRE programada para los días 23 y 24 de junio para analizar la Reforma a la Justicia fue aplazada hoy, de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y los presidentes de las Altas Cortes, quienes luego de una reunión de trabajo realizada ayer mediodía en la Casa de Nariño así lo notificaron.
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció, al término de la reunión, que la nueva fecha para analizar con las Cortes la propuesta gubernamental de Reforma a la Justicia es la del 11 y 12 de julio en la ciudad de Medellín.
“En esa reunión tendremos la oportunidad de concertar el texto final que será radicado el 20 de julio en el Congreso de la República justo cuando arranca una nueva legislatura”, afirmó el jefe de la cartera política.
La reunión fue aplazada después que los presidentes de las altas Cortes, le pidieran al jefe de Estado más tiempo para formular algunas alternativas a los puntos más polémicos del proyecto.
Sin embargo, Vargas Lleras insistió en que aunque el Gobierno tiene el mejor de los ánimos para que el proyecto de la Reforma a la Justicia tenga el mayor de los consensos posibles, independientemente de lo que suceda en la cumbre de Medellín, a la que también están invitados la Fiscal General Vivianne Morales y el Procurador General, Alejandro Ordóñez, la iniciativa será radicada el 20 de julio.
Los aspectos de la reforma en los que aún no hay un consenso total, son el de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y el de la nueva competencia de la Corte Constitucional de revisar los falos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
De otro lado, el ministro Vargas resaltó el buen ambiente en el que se llevó ayer la reunión entre el presidente Santos y los ministros de Hacienda y del Interior y de Justicia con los dignatarios de las altas Cortes.
En la reunión, el Gobierno les explicó a las altas Cortes cuál va a ser la estructura y el funcionamiento del nuevo Ministerio de Justicia, el cual el Gobierno pondrá en marcha a partir del segundo semestre de este año.
De igual manera, se trató el tema de la protección de magistrados y de los funcionarios de la rama judicial. “A la luz del decreto que viene estudiando el Gobierno va a asumir el compromiso de la protección integral en un esquema único para estos funcionarios y los de la Fiscalía General de la Nación”, señaló el alto funcionario.
No obstante, quedó por fuera el tema de las controversias que han generado algunos fallos judiciales, como el de los computadores de alias Raúl Reyes y el de la condena al Estado por la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias
ALUD DE CRÍTICAS A PROYECTO DEL NUEVO RÉGIMEN MUNICIPAL
A pesar de que ya fue aprobado en primer debate, insisten que es una iniciativa que no corrige de fondo los problemas de los entes territoriales.
NO LA tiene nada fácil el proyecto del nuevo Código Municipal en su segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que se dará después del 20 de julio en la nueva legislatura, por cuenta de las innumerables proposiciones modificatorias que fueron aplazadas en la primera discusión para evitar que se hundiera.
En común, la mayoría de los parlamentarios que analizaron el proyecto en la Comisión Primera de la Cámara, sostienen que no soluciona los problemas que actualmente tienen los entes territoriales.
EL NUEVO SIGLO habló con algunos de ellos.
Para el representante Rubén Darío Rodríguez, a la iniciativa “aún le falta implementar lo que tiene que ver con las funciones de los municipios, de los concejales, en la obligación que tienen de elaborar los presupuestos, donde es importante que se tengan en cuenta los planes de desarrollo comunales, porque es que en todas esas normas se habla de Concejos, Juntas Administradoras Locales, pero no se ha hablado de las Juntas de Acción Comunal, que llevan muchos años”.
Según el parlamentario, “es importante que dentro de las funciones de los concejos, en la elaboración de los presupuestos, se tenga en cuenta el presupuesto participativo, que es sobre el cual han venido trabajando las Juntas de Acción Comunal hace mucho tiempo, porque quedan en los programas de gobierno de los candidatos, pero no existe una norma que los obligue a trabajar en esos presupuestos participativos”.
En tanto el representante del departamento de Nariño, Oscar Fernando Bravo Realpe afirmó que el proyecto “sólo tiene el título, porque dice que va a modernizar las administraciones municipales, pero uno repasa el articulado y no tiene nada para fortalecer la autonomía presupuestal, administrativa, de organización de los municipios; simplemente se tocan aspectos muy tangenciales en relación con los ediles, alcaldes y concejales, que en nada satisface le enorme expectativa que tienen todos los municipios”.
El Representante pidió desde el primer debate que se “archive el proyecto y se reorganice un gran proyecto con participación de los alcaldes, los ediles, los concejales y poder hacer un trabajo mucho más serio y consensuado para el 20 de julio, porque “con proyecticos como éste no se les va a dar autonomía a los municipios, porque se tocan aspectos meramente tangenciales y superficiales, que en nada resuelven el problema de fondo de los municipios, su autonomía presupuestal, su autonomía administrativa, su vocación de unión con los municipios circunvecinos, el manejo de la transferencias y los recursos”.
Por último, el representante del Tolima, Alfredo Bocanegra, quien también pidió el archivo de la iniciativa, indicó que esta “norma que están presentando tiene puntos tan desventajosos, donde habla que los municipios responderán por la calidad de vida de sus habitantes, pero hay municipios que no tienen la mínima capacidad fuera de Bogotá. Los municipios no tienen la capacidad de pago, por ejemplo son mínimas en el tema predial, porque la mayoría vive de las transferencias de la Nación; por eso allí falta una norma que diga ‘en concurso con la Nación’”.
“Otro punto – agregó Bocanegra - que me preocupa mucho es que la delegación que hagan los alcaldes en sus secretarios, para temas tan graves como la ordenación del gasto, como la celebración de contratos, los exime de responsabilidad. Entonces, sencillamente yo me hago elegir alcalde de un municipio, lo voy a robar, y de manera deliberada, nombro un secretario de despacho para que me firme todos los contratos, con la situación de que al final de la administración, puedo decir que hay una norma que dice que estoy eximido de responsabilidad y que ese secretario es el que tiene que pagar la cárcel y pagar las multas y sanciones. Me parece que debe haber una responsabilidad compartida”.
LA CARA OCULTA DE LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Por HORACIO SERPA
EN las últimas semanas han sido diferentes las celebraciones por los 20 años de la Constitución Nacional. Talleres, foros, análisis, artículos de prensa, entrevistas, debates, para referirse al acontecimiento político más importante del siglo XX: la Constituyente de 1991 que expidió la Carta Fundamental que nos rige.
Óscar Alarcón, abogado, costeño, periodista, humorista, escritor, ser humano sin par, personaje a todo dar, hizo un aporte enorme a los análisis que hoy se adelantan publicando un libro de gran valor histórico, político y jurídico, La cara oculta de la Constitución del 91, con el propósito de “mostrar los hechos que condujeron a la Constituyente de 1991 y revelar los motivos que llevaron a crear algunas instituciones que hoy rigen en la nueva Constitución, muchas de las cuales todavía algunos cuestionan y otros no se cansan de elogiar”.
De entrada Alarcón recuerda cómo estuvo conformada la Gran Asamblea, de la cual, por su heterogénea composición, poco se esperaba en materia de coherencia y de acuerdos esenciales: “Por primera vez en nuestra historia constitucional hubo una asamblea heterogénea que resultaba una fotografía del país. Había un ex presidente, Misael Pastrana Borrero; dirigentes liberales, como Horacio Serpa; conservadores, como Álvaro Gómez; hijos de ex presidentes, como Carlos Lleras de la Fuente, Mariano Ospina Hernández y el mismo Gómez; ex cancilleres y ex ministros, ex embajadores, ex guerrilleros, sindicalistas, periodistas, poetas, futbolistas, indígenas, mujeres… En fin, todo el país, con sus virtudes y sus defectos”.
La obra abunda en comentarios, explicaciones, antecedentes y análisis sobre los temas sobresalientes debatidos en aquel momento crucial de la vida colombiana: el secuestro del doctor Álvaro Gómez, la cruda violencia de la época y el asesinato de los líderes políticos, los gobiernos de Barco y Gaviria, la operación avispa de los liberales, la presidencia tripartita, el Banco de la República, la Defensoría del Pueblo, los departamentos, la sanción de la Constitución sobre unas hojas en blanco, incluyendo las agudas observaciones que se hicieron sobre el matrimonio, la Iglesia y el mismísimo Dios.
notable recordación son los capítulos sobre la revocatoria del Congreso y la eliminación de la reelección presidencial, institución sobre la cual Alarcón recordó importantes pasajes históricos: “La reelección presidencial es un tema que se debate no solo en Colombia sino también en otros países del mundo. Los mexicanos, por ejemplo, tienen malas experiencias de las reelecciones, después de los casos de Montezuma y de Porfirio Díaz, y tanto, que la revolución de 1910 se hizo contra esa nefasta práctica que tuvo a Díaz por más de treinta años en el gobierno. Acuñaron una frase que aún repiten en documentos oficiales: “Sufragio efectivo, no reelección”. Los franceses también tienen ejemplos nefastos. La prestigiosa revista Le Nouvel Observateur, cuando Valery Giscard d’Estaing aspiraba a repetir, publicó una ilustrada crónica con el título “La maldición de las reelecciones” y luego, en letras grandes, destacadas, se leía: “Desde Adolfo Thiers hasta Valery Giscard d’Estaing han pasado 19 mandatarios por la jefatura del Estado. Tres de ellos fueron reelectos, para su desgracia…”.
El libro de Óscar Alarcón es una valiosa contribución al conocimiento de la historia del constitucionalismo universal y nacional, y ofrece visiones desconocidas por muchos colombianos sobre aspectos, episodios, vivencias y controversias de las que se dieron durante las sesiones de la Constituyente, por lo que resulta de un gran interés. Recomiendo su lectura, que es fácil, instructiva y amena a lo largo de todas sus páginas
LETRA MUERTA (II)
Por JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Matar el espíritu pero conservando la letra de las normas”
EL escaso sentimiento constitucional colombiano se hace evidente en la circunstancia de haber sido agregados, durante la legislatura que culmina, cuatro actos legislativos: el que elimina los conflictos de intereses de los miembros del Congreso cuando se trata de aprobar enmiendas constitucionales; el que suprime el carácter constitucional de la Comisión Nacional de Televisión; el que condiciona la efectividad de los derechos y las sentencias judiciales a ese concepto inasible de la “sostenibilidad fiscal”, que hará del Estado Social de Derecho nada más que letra muerta; y el que reforma las disposiciones vigentes en materia de regalías.
Es decir, vamos en treinta y tres reformas constitucionales, en cuya virtud el Estatuto original aprobado por los delegatarios ha sufrido mutaciones y desfiguraciones que lo hacen irreconocible.
Pero, además, se anuncian otros cambios. El Gobierno quiere reformar la administración de justicia; y van y vienen propuestas e iniciativas, como las de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, aumentar la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas corporaciones, o subir a doce años el período de los mismos.
Sobre la acción de tutela, ya fuertemente golpeada por el engendro de la sostenibilidad fiscal, no cesan los anteproyectos de reforma, muchos de ellos orientados a su práctica inutilización -aunque proclamando las bondades de la figura, para no alarmar al pueblo-, dando gusto a los nostálgicos de la Constitución de 1886, quienes quisieran, además, si pueden, derogar buena parte de la Carta de derechos aprobada en 1991. Otra vez el criterio mendaz que consiste en matar el espíritu pero conservando la letra de las normas, para mostrarlas.
La Constitución se aprobó con un sentido de permanencia que, al decir de la Corte Suprema en uno de sus fallos previos a la Constituyente, quería introducir la paz mediante el reconocimiento de los derechos.
Pero, contra esas buenas intenciones, lo cierto es que el Congreso no ha ejercido de manera responsable su función de reforma, ni los gobiernos han sido serios al presentar sus iniciativas. Han “manoseado” la Constitución para convertir sus principios en meras teorías y para contrarrestar los fallos de la Corte Constitucional. Se le ha tomado demasiada confianza al mecanismo de la reforma constitucional, y una Carta Política formalmente rígida -como corresponde a las constituciones escritas- se ha venido flexibilizando, al punto de convertirse en un ordenamiento provisional y cambiante
REVISTA SEMANA
PROCEDIMIENTO DEL PROCURADOR EN CASO PLAZAS VEGA ES INCORRECTO: EXFISCAL ÁNGELA BUITRAGO
LOS familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, después de 25 anos no saben cuál es el paradero de sus familiares.
Los familiares de los desaparecidos se muestran "decepcionados" y "sorprendidos" por petición "tardía" del Ministerio Público de revocar el fallo que condenó al coronel retirado.
Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia pidieron respeto por el proceso judicial de segunda instancia que cursa en el Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega.
La petición que hizo la Procuraduría, este lunes, de revocar el fallo que condenó al coronel retirado, fue recibida con “sorpresa y decepción”, según dijo a Semana.com René Guarín, hermano de Cristina Guarín, desaparecida durante la toma del Palacio del 6 y 7 de noviembre de 1985.
El caso de Plazas Vega, que está siendo revisado en segunda instancia, fue la primera condena a un militar por los hechos ocurridos en esa fecha. En la condena se incluyó el testimonio de Édgar Villamizar, quien, según la Procuraduría, fue suplantado.
Un hombre que se hace llamar Edgar Villamizar Espinel señaló que tanto los apellidos como la firma que se registraron en el documento que recoge la declaración que entregó la Fiscalía no corresponden a la suya.
Villamizar Espinel dijo que “para la época de la toma del Palacio de Justicia yo me encontraba en la Séptima Brigada perteneciente al B2 y mi función era que la gente que solicitara la compra de un arma no tuviera ni antecedentes ni armas del mismo calibre”.
“En ningún momento me dijeron que hiciera que me alistara para viajar (sic), puesto que eso pertenece a otra Brigada la Séptima y los hechos ocurridos pertenecían a la Décima Tercera Brigada y yo no estaba dentro de esa jurisdicción. La única manera para poder haber estado allá era que estuviera en comisión de estudios pero no fue así…” agregó.
Para los familiares de las víctimas no deja de ser extraño que después de casi cuatro años de rendido el testimonio aparezca “una nueva prueba”, como ha calificado el Ministerio Público la nueva declaración.
La defensa de las víctimas prefirió no referirse al caso, pues en su criterio, la actuación de la Procuraduría busca un impacto mediático en un momento previo a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá.
“No entiendo cómo un falso testigo acudió ante una delegada ante la corte, un delegado de procuraduría y varios funcionarios más y los engañó sobre su verdadera identidad”, dijo, por su parte, Guarín.
Tanto para los familiares de las víctimas como sus abogados, la declaración de Villamizar, sin embargo, no es la única prueba por la que fue condenado Plazas Vega.
¿Prueba o montaje?
No es la primera vez que el testimonio de Villamizar se ha puesto en entredicho. De hecho, el coronel Plazas Vega ya había demandado a la fiscal Ángela Buitrago, quien hizo la investigación, por considerar que había prevaricado al darle validez. Sin embargo, la Fiscalía en 2010 desestimó la denuncia y archivó el caso.
El general José Ignacio Posada fue uno de los que puso en entredicho que la Brigada VII, a la que pertenecía Villamizar, hubiera enviado tropas.
No obstante, el general Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985, en noviembre de 2009 reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma, lo cual fue considerado como un desmentido de esa versión.
La Fiscalía contrastó el testimonio de Villamizar con otras pruebas. Comprobó, por ejemplo, que los días 6 y 7 de noviembre de 1985 sí hubo una agregación militar proveniente de la Séptima Brigada de Villavicencio y que Villamizar sí hacía parte de esa agregación.
La juez María Stella Jara Gutiérrez, quien profirió la condena contra Plazas Vega, llegó a la misma conclusión, y además validó el testimonio de Édgar Villamizar, que la defensa de Plazas Vega intentó controvertir junto con el agente del Ministerio Público.
de los argumentos utilizados por la defensa de Plazas fue que en el acta en la que se recogió el testimonio, debajo de la firma del testigo, se leía el nombre el nombre de “Édgar Villarreal”.
La defensa de Plazas Vega aseguró que si en realidad se tratara de Édgar Villamizar no habría firmado encima del espacio que no correspondía a su verdadero nombre.
La juez Jara Gutiérrez consideró que ese hecho era un error de mecanografía pero que los otros datos suministrados por el testigo ratificaban su verdadera identidad y en efecto correspondían al cabo segundo que viajó de Villavicencio a Bogotá como parte de la agregación militar para reforzar los operativos que el Ejército adelantaba para recuperar el control del Palacio de Justicia.
Ahora, apareció supuestamente otro Villamizar, el que según la Procuraduría es el verdadero. En un artículo escrito publicado en el blog de opiniones de derecha “Periodismo sin fronteras”, Villamizar supuestamente dijo hace poco: “una vez que yo hable, la Fiscalía General de la Nación me va a asesinar…”
La nota cuenta que “el periodista” se dio a la tarea de encontrar al verdadero Villamizar y descubrió que la firma que aparece en el expediente de “Edgar Villarreal” no corresponde con la de Villamizar, lo cual ya había sido argumentado por la defensa de Plazas. Pero reconoce que algunos de los datos mencionados en el testimonio como su pasado militar sí.
La hipótesis que aparece en el blog, que aduce que hay "un cartel de la toga", “un cartel mafioso de jueces, magistrados y abogados” es que la “Fiscalía se aprovechó de este hombre”. Según la nota, los datos revelados en el artículo sólo podían ser publicados una vez se hubiera garantizado la seguridad de Villamizar. Dado que su publicación apareció este lunes 13 de junio, se presume que ya ha sido protegido.
El comunicado en el que la Procuraduría pidió investigar a la exfiscal Buitrago, el Ministerio Público también hizo énfasis en la petición que hizo Villamizar “pues considera que su integridad corre peligro”.
Semana.com entrevistó a la exfiscal Ángela Buitrago quien fue la encargada de la mayor parte de la investigación.
Buitrago indicó que el “testimonio de Villamizar se recibió en la Escuela de Caballería y se levantó con un computador”. Ella explicó que los investigadores que reciben los testimonios verifican con rigor los datos de los testigos que rinden declaraciones, y que la prueba ya fue avalada por los jueces de la República.
“El número de cédula corresponde al de la persona que dio el testimonio”, dijo Buitrago.
Además, en criterio de la defensa de las víctimas hay más pruebas que fueron tenidas en cuenta en el fallo contra Plazas Vega. De hecho, la sentencia contra el coronel retirado Jesús Armando Arias Cabrales, que fue proferida en abril pasado, no incluyó esa prueba, y sin embargo, él fue condenado a 35 años de prisión. En esa sentencia, la juez Cristina Trejos adujo que "no se pone en duda la integridad de la labor investigativa desplegada por el ente fiscal". No obstante, indicó que no se tuvo en cuenta el testimonio por la imprecisión del nombre y en la fecha.
Para la exfiscal el procedimiento al cual ha apelado el procurador Alejandro Ordoñez no es el correcto. “El procedimiento válido es el que está definido en la Ley 600 (código de procedimiento penal) que es la apelación”, dijo refiriéndose a la etapa procesal en la cual se encuentra el caso. En otras palabras, el momento de controvertir la prueba ya pasó y hay que esperar a lo que digan los jueces de segunda instancia. El caso, sin embargo, podría ser apelado y pasaría a la Corte Suprema de Justicia, el tribunal de cierre.
El testimonio de Villamizar que está en el expediente, entregado a la Fiscalía en 2007, da cuenta de que el 7 de noviembre de 1985 alguien le preguntó al coronel Plazas qué hacían con las personas que estaban vivas y que la respuesta fue “cuelguen a esos hijueputas”.
El testigo también refiere que oyó cómo torturaban a algunas personas, y cómo fue que el sargento “Archury” (ya fallecido) acabó por quitarle la vida a uno que gritaba que “no le hicieran eso, que él era de la cafetería”, es decir, que hacía parte de los civiles que quedaron adentro del Palacio y de los cuales, 25 años después, no se conoce su paradero.
GOBIERNO Y CORTES: "AMIGOS, COMO SIEMPRE"
El presidente Juan Manuel Santos junto al presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, y con el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Juan Carlos Henao, este martes en la Casa de Nariño.
Gobierno y magistrados le restaron trascendencia a la reunión de este martes. Aseguraron que no se habló de fallos judiciales y que las discusiones se concentraron en la reforma judicial. Una conclusión: el consenso sobre este proyecto sigue lejano.
ermán Vargas Lleras, ministro del Interior, fue el encargado de restarle trascendencia a la reunión que sostuvo el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, con los magistrados presidentes de las altas cortes.
“Ustedes (refiriéndose a los medios de comunicación) le han dado demasiada trascendencia”, dijo Vargas al decir que el diálogo que se reactivó este martes será “periódico y permanente” y a su juicio se desarrollará “con la habitual cordialidad”.
Camilo Tarquino Gallego, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, secundó el discurso del Gobierno. Tras la reunión confesó que salieron de la Casa de Nariño de la misma forma como habían ingresado dos horas antes: “amigos, como siempre”.
Más allá de la cordialidad reinante, esta cumbre, la tercera entre Santos y las cortes, había estado condicionada por las recientes controversias públicas que el jefe del Estado le propinó a sendos fallos judiciales: el que invalidó las pruebas del computador de 'Raúl Reyes' y la condena a la Nación por su responsabilidad en una toma guerrillera, como fue la de Las Delicias, en Puerto Leguízamo, Caquetá, hace 15 años.
Según Vargas Lleras, en el encuentro de este martes "no se mencionó una sola palabra" sobre esas decisiones judiciales.
Los temas que se trataron, dijo el ministro, fueron cuatro. Entre ellos, la reforma a la justicia y el nuevo ministerio de Justicia fueron los que más ocuparon el diálogo.
Reforma, aún sin consenso
Sobre la reforma a la justicia quedó claro, de nuevo, que el Gobierno radicará el proyecto el próximo 20 de julio ante el Congreso. La idea es llegar a mínimos consensos con los magistrados. Pero si no se consiguen la reforma será abordada por el Congreso.
En ese sentido, los consensos parecen no estar cercanos. El Gobierno tenía previsto reunirse con los magistrados el 25 de junio. Dicho encuentro, a petición de los magistrados, fue aplazado.
Los magistrados pidieron más tiempo al Gobierno para socializar los alcances del borrador que diseñó el ministro del Interior. Además, porque el Consejo Superior de la Judicatura, una corporación que podría ser eliminada en esa reforma, exigió hacer parte de las comisiones de las cortes que discuten el proyecto.
La nueva fecha acordado es el 10 de julio. Ese día, dijo Vargas Lleras, los magistrados se comprometieron a presentar sus conclusiones para discutir antes de radicar el proyecto en el Legislativo.
Sobre el nuevo Ministerio de Justicia, los magistrados expresaron la necesidad de conceptuar el diseño y la estructura de esa nueva cartera. El Gobierno no se opuso a que la Rama Judicial hiciera todos sus comentarios antes de expedir el decreto que reviva el ministerio.
Los otros dos temas se concentraron en el decreto que expedirá el Gobierno sobre el sistema único de protección a los 32 grupos vulnerables y de alto riesgo, entre los que se encuentran los funcionarios judiciales.
Los magistrados también aprovecharon para insistir en que parte de los problemas de eficacia y congestión de la Rama Judicial se concentran en el presupuesto. En la reforma a la justicia se intentará concertar la propuesta de recursos propios para la rama.
CARACOL RADIO
QUIENES NO SABEN LEER NI ESCRIBIR NO PUEDEN CONDUCIR EN COLOMBIA
Así lo determinó la Corte Constitucional, al señalar que la conducción de vehículos automotores se considera como una actividad peligrosa, pues en su ejercicio se pone en riesgo la vida y la integridad física del conductor, de sus pasajeros, de los demás conductores, de los peatones y de las personas que viven alrededor de las vías.
En este caso se acogió el concepto de la Procuraduría que señaló que saber leer y escribir es necesario para poder conducir un vehículo automotor, pero es indispensable si se trata de hacerlo de manera responsable, pues no debe olvidarse que se trata de una actividad peligrosa.
"Si una persona no sabe leer y escribir no puede enterarse de lo que la señal indica, y mucho menos cumplirlo. De ahí que no sea posible sostener que se vulnera el derecho a la igualdad al exigir a todas las personas que quieran obtener una licencia para conducir un vehículo, entre otros requisitos, el de saber leer y escribir", señala el concepto de la Procuraduría.
La Corte señala además que en muchos casos un conductor requiere de la lectura de mensajes que no necesariamente corresponden a las señales reglamentarias de tránsito, pues de ser ignoradas se podría poner en riesgo a la comunidad y quien conduce.
Por estos hechos, los magistrados María Victoria Calle y Juan Carlos Henao aclararon su voto ya que si bien están de acuerdo con la determinación, consideran que se han debido tener en cuenta situaciones específicas en zonas apartadas de la geografía donde la circulación de vehículos es muy reducida y el transporte público es inexistente.
PIDEN PRONUNCIAMIENTO DE CORTE SOBRE SI PARAPOLÍTICOS DEBEN REPARAR A VÍCTIMAS
Los autores de la sancionada ley vaticinan que vendrá una avalancha de demandas de parte de los condenados por nexos con los grupos armados ilegales debido a que considerarían que las sanciones no pueden ser retroactivas.
Sin embargo para el congresista y autor de la ley, Guillermo Rivera, una cosa es el proceso penal y otra el incidente de reparación.
“Una cosa son las investigaciones de carácter penal y otras las civiles, como la reparación. Lo uno y lo otro no debería relacionarse”, consideró Rivera, quien advirtió que la Corte Constitucional deberá emitir un concepto al respecto.
Rivera manifestó además que todos los que apoyaron grupos ilegales, incluidas las empresas privadas, deben ayudar económicamente con el fondo de reparación.
REABREN INVESTIGACIÓN CONTRA EXFISCAL ÁNGELA MARÍA BUITRAGO POR CASO PLAZAS VEGA
La fiscal general de la Nación, Viviane Morales Hoyos, anunció que se volvió a abrir la investigación en contra de la ex fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, para determinar la veracidad del testimonio del cabo Edgar Villamizar Espinel, testigo clave en la condena contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ex comandante de la Escuela de Caballería.
"No es suficiente con que se presente un señor y diga que él no es y que no fue el que dijo lo que dijo. Desde ayer mismo se ordenó la reapertura de la investigación contra la ex fiscal Ángela María Buitrago sobre este testigo; lo que podría parecer es que hay una retractación de su testimonio. En ese testimonio estuvo presente la Procuraduría, dos investigadores del CTI y la propia fiscal. Lo que corresponde es que se confronten las versiones para que se averigüe si es o no este señor", sostuvo la fiscal general de la Nación.
Villamizar se presentó el pasado 23 de mayo ante el procurador auxiliar para Asuntos Disciplinarios, Juan Carlos Novoa, para solicitar protección para él y su familia, y para aclarar que él nunca dio una declaración contra el coronel Plazas.
RAMA JUDICIAL CONFÍA EN REFORMA ALTERNA PARA INCREMENTAR SU PRESUPUESTO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, manifestó que el gobierno nacional se comprometió a buscar consensos con el sector de hacienda para incrementar el presupuesto de la rama.
“Vamos a reunirnos con el Ministro de Justicia para buscar este tema, de pronto sería una reforma adicional y tratar que se incremente el presupuesto para el año entrante”, manifestó Tarquino en diálogo con Caracol Radio.
El Magistrado indicó que en la reunión que sostuvieron ayer con el presidente Juan Manuel Santos hubo un compromiso del Gobierno “y fueron muy receptivos” sobre ese punto.
Así mismo, Tarquino resaltó que el Gobierno haya decidido aplazar la cumbre de las altas cortes con el Congreso y el Ejecutivo para finiquitar la reforma judicial que debe ser presentada el próximo 20 de julio.
“Nosotros le comentamos la necesidad de cambiar la fecha a los días 10 y 11 julio porque hay temas que merecen mucho estudio. El Presidente aceptó la propuesta, pero no nos referimos a ningún punto en ese sentido”, señaló el Magistrado.
Finalmente, Tarquino señaló que “en ningún momento” se tocó el tema de los fallos judiciales que han sido criticados por el Gobierno como la descalificación de la información del computador de Raúl Reyes como prueba en un proceso judicial y la condena al Estado por el ataque guerrillero a la base de Las Delicias hace 14 años.